Se aprobaron las modificaciones a la ley de defensa de la competencia

Se aprobaron las modificaciones a la ley de defensa de la competencia
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Los cambios a la norma fueron respaldados por 40 votos positivos contra 26 negativos. En la misma sesión también se votaron 15 dictámenes para cubrir cargos en el Poder Judicial.

El primer punto en debate fueron los acuerdos para la designación de 15 funcionarios judiciales.

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue la miembro informante de los 15 dictámenes que respaldan los acuerdos para jueces elevados por el Poder Ejecutivo.

Fernández Sagasti resaltó que todos los candidatos respondieron “a las preguntas de los senadores, demostrando la idoneidad para el cargo a los que son propuestos” y que también respondieron “a las 58 observaciones que se habían presentado”.

El senador por Córdoba, Ernesto Martínez (JxC) objetó una de las nominaciones. Dijo que su objeción a la orden del día 727/20 era de carácter político. Destacó que “los cargos públicos deben ejercerse con coherencia y no sería el caso si me quedara callado en la orden del día 727/20, que no responde a una vacante sino a una continuidad por cumplir 75 años y se compadece con una motivación sospechosa. Su pliego para un nuevo cargo es sospechosa porque su voto es contemporáneo con el de su marido en el Consejo de la Magistratura”. Señaló que lo indisimulable es “que de esta manera el oficialismo logró los dos tercios en el Consejo de la Magistratura”. Subrayó que con anterioridad había manifestado su oposición en un caso similar. “Lo que creí antes lo ratifico ahora. La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco recurrió a un tribunal en el que obtuvo una medida cautelar para continuar en el cargo a pesar de tener más de 75 años y que debía renovar su acuerdo ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado”. Dijo que “la patria cautelar otorgó la medida y Highton de Nolasco continúa como jueza de la Corte Suprema de Justicia”. Finalizó su objeción a la Orden del Día 727/20 diciendo que “los pactos judiciales son siempre nefastos”.

El senador por Chubut, Juan Mario Pais (FdT) refutó los dichos del senador por Córdoba y recordó que “el pliego de la doctora Silvia Mora fue propuesto por el gobierno anterior del Presidente Mauricio Macri”. También dijo que “acá no hay ninguna moneda de cambio y que no le consta que haya alguna denuncia contra el juez Ricardo Recondo vice del Consejo de la Magistratura”. El senador por Chubut también recordó que “en la audiencia a la que asistió la doctora Mora respondió que no era un apéndice de su marido y había mostrado total idoneidad”. Para finalizar, dijo que “no buscamos jueces amigos, sino jueces idóneos”.

Trece de los pliegos fueron aprobados con 66 votos y 1 abstención del senador por Salta Juan Carlos Romero (quien votó de manera afirmativa el pliego para nombrar juez de la Ciudad de Orán, Salta). La oposición votó en contra del pliego del candidato a juez electoral Alejo Ramos Padilla y en el caso de los senadores por Córdoba, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado (JxC) también se opusieron al pliego de la candidata Silvia Mora.

A continuación se debatió el dictamen que modifica la ley de Defensa de la Competencia. La miembro informante fue la senadora por Corrientes, Ana Almirón (FdT).

Manifestó que “este proyecto modifica la ley de defensa de la competencia, que a los efectos de la práctica ha tenido obstáculos para su efectiva aplicabilidad. La conformación de la autoridad de aplicación es de vital importancia para el cumplimiento de la ley”.

Resaltó que “el Estado no puede ser ajeno a la hora de fijar precios y de impedir concentración y monopolios para que las pequeñas y medianas empresas puedan competir en igualdad de condiciones frente a un mercado que en muchas ocasiones es voraz”. Afirmó que “en todas las legislaciones del mundo es el Estado el que marca las reglas”.

Entre otras consideraciones, las modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia contemplan algunos de los siguientes puntos:

Se modifica el art. 17 y se incorporan los entes reguladores provinciales que ejercen regulación económica cuando la concentración económica de la que se trate involucre servicios que estuvieran sometidos a su regulación.

Se modifica el art. 18 y se dispone que la Autoridad Nacional de la Competencia,organismo descentralizado y autárquico, funcionará en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior.

Se modifica la reacción del art. 20, que disponía para la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia el concurso público de antecedentes y oposición y la propuesta previa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y se dispone que la selección de los miembros se realizará en el ámbito del mencionado ministerio en el marco de un procedimiento público, abierto y transparente que garantice condiciones de igualdad, paridad de género e idoneidad. Se añade el requisito de recabar a la AFIP informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas, preservando el secreto fiscal.

La senadora por Jujuy, Silvia Giacoppo (JxC), cuestionó el proyecto en discusión diciendo que “fue aprobado de manera express en la comisión sin que hubiera pasado por asesores”. También dijo que “no tuvieron acceso al proyecto en debate sino hasta el momento de la sesión. Afirmó que en su momento la titular de la comisión le comentó que las urgencias eran porque se trataba de un proyecto del PEN y con sugerencias del Fondo Monetario Internacional”. Resaltó que “a las 11.54 horas del día de hoy se publicó el proyecto con una última versión que cuenta con seis artículos más que el original” y que “los cambios de última hora sólo levantan sospechas”.

El cierre estuvo a cargo de la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT). Manifestó que “la inflación y el aumento de precios en Argentina tiene que ver directamente con la concentración de la oferta en monopolios y oligopolios, y también con la puja distributiva y la estructura productiva desequilibrada, que es una problemática histórica».