Acuerdo de Escazú: para cuidar nuestra «casa común»

Acuerdo de Escazú: para cuidar nuestra «casa común»
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Hace pocos días en el Congreso de la Nación le dimos fuerza de ley al Tratado Internacional conocido como “Acuerdo de Escazú”. Un Convenio Regional Latinoamericano y Caribeño que trata sobre aspectos relacionados con el medio ambiente, temática imposible de soslayar si queremos evitar la destrucción irreversible del hábitat donde se han desarrollado las sociedades humanas. 

El acuerdo garantiza que todas las personas -en especial las excluidas o en situación de vulnerabilidad- puedan acceder de manera confiable a la información y participar de manera efectiva en todos los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus condiciones de vida. Asimismo, es el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas para la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales.

Escazú es resultado de varios años de trabajo de expertos, diplomáticos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de detener la destrucción del medio ambiente a través de una fuerte acción colectiva, solidaria, de alcance global, junto a un Estado que proteja el ambiente, impulse iniciativas de desarrollo sustentable y mitigue los impactos negativos del cambio climático.

Si bien el Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental, pone especial énfasis en el derecho al acceso a la información, en la libertad de expresión, en la preservación de la vida y en el respeto de los defensores de los derechos humanos y ambientales.

La negociación del tratado que se firmó en Costa Rica en 2018 comenzó a gestarse en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que recordó la histórica “Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro. En 2014 se firmó la Decisión de Santiago, donde los países signatarios iniciaron de manera formal la negociación del Acuerdo regional con el apoyo de la CEPAL como secretaría técnica. Finalmente, el 4 de marzo de 2018, se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Nuestro país, al haber aprobado el acuerdo por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, envió un importante mensaje al resto de los países de la región para su urgente ratificación. Hay que destacar que en el artículo 19 del acuerdo se establece la importancia de contar con un instrumento para enfrentar los graves problemas ambientales que afectan a la región, así como las consecuencias de la realización de obras y actividades productivas que no contemplan ningún compromiso con la democracia ambiental.

Los problemas ambientales, la mayoría de las veces, no reconocen fronteras y terminan afectando a todo el planeta. En un sistema en el que la voracidad del capital financiero y la acumulación basada en la especulación es la norma, resulta difícil desde un solo país establecer regulaciones que deberían tomarse a nivel multilateral o regional. En este momento histórico inédito, en el que el sistema global se encuentra en una etapa de transición hacia un nuevo ciclo cuyas características definitivas todavía son inciertas, debemos entender que la mejor vía para favorecer nuestra inserción internacional, reafirmar y defender nuestros intereses como país y como región es la profundización de los procesos de integración en marcha.

La región cuenta con una gran ventaja que es la abundancia de materias primas: compartimos los más grandes reservorios de agua dulce, un gran potencial en energías alternativas y una abundante biodiversidad cuya preservación resulta imprescindible para cualquier desarrollo futuro. Es por ello que una de nuestras prioridades como región debe ser la de perfeccionar y establecer mecanismos de cooperación y una estrategia común de mediano y largo plazo que nos permitan implementar prácticas comunes para mejorar la preservación de estos recursos de manera más eficaz y amplia. 

Si bien el cuidado del medio ambiente es un tema que siempre estuvo en la cumbre de las preocupaciones mundiales, debemos reconocer que han sido los jóvenes quienes han instalado en la agenda la necesidad de detener el daño que está sufriendo la tierra a raíz de un sistema de extracción y explotación productiva que condena a la humanidad en su conjunto a un futuro incierto.

Como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, «merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo, los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos», y culmina reclamando que » para salvar la casa común necesitamos una revolución desde abajo hacia arriba». 

Es necesario que todos los países de la región ratifiquen el Acuerdo de Escazú, que será la puerta de entrada para que los Pueblos y en especial los jóvenes puedan ser los «guardianes» del cuidado del medio ambiente que es nuestra «casa común».

Por Jorge Taiana (Senador nacional) para Página 12